El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se dispone a implementar cambios radicales en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a partir del 1 de enero de 2026, como parte de reformas más amplias a las políticas federales promulgadas en 2025. Estos cambios incluyen la ampliación de los requisitos laborales que afectarán a millones de beneficiarios del SNAP en todo el país. El SNAP, el principal programa federal de asistencia alimentaria que atiende a más de 42 millones de estadounidenses, está diseñado para ayudar a las personas y familias de bajos ingresos a acceder a alimentos nutritivos. Las nuevas normas revisadas buscan reforzar la conexión del programa con el empleo y la autosuficiencia, pero también generaron debate sobre las posibles dificultades para los participantes vulnerables.
Requisitos laborales ampliados y a quiénes afecta
Bajo las nuevas regulaciones vinculadas a la Ley One Big Beautiful Bill (H.R. 1), promulgada en julio de 2025, el USDA ha ampliado los requisitos laborales del SNAP, especialmente para los Adultos sin Dependientes (ABAWD, por sus siglas en inglés), personas que generalmente se encuentran en edad laboral estándar y no tienen hijos pequeños. Anteriormente, las normas laborales de los ABAWD se aplicaban solo a personas de entre 18 y 54 años aproximadamente y les permitían recibir beneficios del SNAP durante solo tres meses en un período de 36 meses, a menos que cumplieran con ciertas condiciones laborales o de capacitación. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, el rango de edad sujeto a los requisitos laborales se amplía a 18-64 años.
Las personas afectadas ahora deben cumplir con las expectativas de actividad —como trabajar, participar en programas aprobados de empleo y capacitación, hacer voluntariado o combinar estas actividades— durante al menos 80 horas al mes para mantener su elegibilidad más allá del límite inicial de tres meses. Se espera que estos cambios aumenten sustancialmente el número de hogares que deben demostrar actividad laboral para continuar recibiendo asistencia alimentaria.
Es fundamental que se haya endurecido la definición de quién se considera cuidador exento de estos requisitos. Anteriormente, los adultos responsables de un menor de 18 años podían estar exentos de las obligaciones laborales. Con la normativa actualizada, esta exención ahora solo cubre a quienes cuidan a menores de 14 años, lo que significa que muchos padres de niños mayores podrían verse obligados a trabajar. Se mantienen exenciones adicionales para personas con ciertas afecciones médicas, estudiantes matriculados al menos a medio tiempo y participantes en programas de tratamiento o capacitación aprobados.
Exenciones reducidas y flexibilidad local
Otro cambio importante se presenta en forma de exenciones geográficas más estrictas. Históricamente, las zonas con alto desempleo u otras dificultades económicas podían obtener exenciones que suspendían los requisitos de trabajo para los beneficiarios locales del SNAP. La nueva norma final del USDA limita la elegibilidad para las exenciones al ajustar los umbrales de desempleo y reducir el número de zonas que pueden calificar. Esto significa que muchos estados y condados ya no podrán suspender los mandatos de trabajo simplemente basándose en las condiciones del mercado laboral local, incluso si las oportunidades de empleo siguen siendo limitadas.
Las agencias estatales ya están implementando partes de las nuevas regulaciones antes de la fecha de entrada en vigor a nivel nacional, y algunas localidades han comenzado a notificar a los beneficiarios del SNAP sobre los cambios en los requisitos. Esto ha requerido actualizaciones en los sistemas administrativos y una mayor difusión para garantizar que los hogares comprendan las nuevas expectativas.
Justificación de los partidarios
Quienes apoyan la ampliación de los requisitos laborales argumentan que las reformas fomentan la autosuficiencia económica y ayudan a vincular la asistencia alimentaria con la participación significativa en la fuerza laboral o con actividades de preparación para el mercado laboral. Sostienen que esto podría mejorar las perspectivas a largo plazo de los beneficiarios al fomentar la experiencia laboral, el desarrollo de habilidades y la participación comunitaria. Los defensores también afirman que la actualización de las normas del SNAP refleja la evolución del mercado laboral y alinea el programa con objetivos políticos más amplios de responsabilidad fiscal y menor dependencia de la ayuda federal.
Preocupaciones de los críticos y posibles impactos
Los críticos, incluyendo defensores de la lucha contra el hambre y analistas de políticas, advierten que la ampliación de los requisitos laborales podría provocar interrupciones significativas en la asistencia alimentaria para millones de personas. Algunas proyecciones estiman que hasta 2,4 millones de personas podrían perder sus prestaciones cada mes debido a plazos más estrictos si no logran cumplir con los requisitos laborales a tiempo, especialmente en zonas donde persisten las barreras de acceso al empleo, transporte, cuidado infantil o atención médica. Los opositores argumentan que la aplicación rígida de los requisitos laborales, especialmente durante recesiones económicas o en regiones con oportunidades de empleo limitadas, puede exacerbar la inseguridad alimentaria en lugar de aliviarla.
También existe la preocupación de que las poblaciones anteriormente exentas (como los veteranos, las personas sin hogar o los adultos jóvenes que salen del sistema de acogida) ahora tendrán que demostrar cumplimiento para mantener la elegibilidad, a menos que se apliquen exenciones actualizadas específicas.
Conclusión
La ampliación de los requisitos de trabajo del SNAP por parte del USDA, a partir del 1 de enero, marca uno de los cambios más importantes en años para el principal programa de asistencia alimentaria del país. Si bien los legisladores que impulsan las reformas enfatizan la importancia de promover el empleo y reducir la dependencia, las restricciones más estrictas y la menor flexibilidad plantean desafíos para muchos beneficiarios que enfrentan barreras en el mercado laboral y circunstancias personales. A medida que esta política entre en vigor a nivel nacional, la eficacia de los requisitos de trabajo para equilibrar los objetivos de autosuficiencia con las necesidades de seguridad alimentaria será vigilada de cerca por defensores, agencias estatales y beneficiarios. Los próximos meses revelarán la eficacia con la que los estados implementan estos cambios y la adaptación de los hogares, lo que subraya la compleja interacción entre las intenciones de las políticas federales y los impactos reales en la nutrición y la estabilidad económica.
